jueves, 12 de enero de 2012

Ganando menos

El beneficio de Banesto se desploma por las provisiones del ladrillo

El banco gana 125 millones en 2011, un 73% menos. -La entidad destina 400 millones a una provisión "especial y voluntaria"

MIGUEL JIMÉNEZ - Madrid - 12/01/2012

Banesto ha sido la primera entidad en seguir las indicaciones del nuevo Gobierno en el sentido de sacrificar beneficios para sanear el balance. La entidad ha sacrificado 400 millones de resultado para realizar unas provisiones que cubran mejor a la entidad de las potenciales pérdidas por la mora de los créditos innmobiliarios y la pérdida de valor de los pisos, promociones y suelo que se ha tenido que quedar por el impago de los créditos.

El beneficio de Banesto se desploma por las provisiones del ladrillo

La entidad ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su beneficio se hundió un 73% en 2011, hasta 125 millones de euros, como consecuencia de esa provisión "especial y voluntaria" realizada ante la evolución del mercado voluntario. Hasta ahora, todas las provisiones que las entidades han mostrado como voluntarias y realizadas con criterios de anticipación han acabado siendo necesarias e incluso insuficientes ante el agravamiento de la crisis.

El Gobierno ha cifrado en unos 50.000 millones de euros las provisiones adicionales que el sector financiero necesitaría hacer para registrar en su balance los activos inmobiliarios a un precio más realista y cubrirse de posibles pérdidas por créditos impagados del sector. El ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere que las entidades sacrifiquen beneficios para ir realizando esas provisiones y que las que no tengan resultados suficientes se fusionen con otras.

Banesto reconoce que el ejercicio 2011 ha sido complicado para el negocio bancario ante la persistente debilidad económica y las incertidumbres agravadas en la segunda mitad del ejercicio. A lo largo del año, la morosidad en el sistema ha mantenido su tendencia al alza y las tensiones de liquidez han provocado un aumento generalizado de los costes de la financiación mayorista, explica el banco.

En ese entorno, el margen de intereses ha alcanzado los 1.454,9 millones, un 12,4% menos que el año anterior, variación que refleja el impacto de la menor actividad en el negocio y del aumento de los costes de financiación que, no obstante, se ha limitado gracias a la gestión de precios y de balance desarrolladas. El margen bruto generado en 2011 ha sido de 2.234,9 millones de euros, un 10,2% menos que el año anterior.

Según Banesto, el objetivo de control de la eficiencia es clave en el entorno presente. "Gracias a la gestión llevada a cabo en 2011, los costes de explotación han sido de 963,8 millones de euros, un 2,5% menores a los incurridos en el año anterior", dice la entidad. La ratio de eficiencia se ha situado al cierre de 2011 en el 43,1%, "indicador que a lo largo de todo este año está siendo el mejor entre los bancos españoles".

El margen neto de explotación de 2011 ha ascendido a 1.271,1 millones de euros, un 15,4% menos que en 2010. Las dotaciones para insolvencias han ascendido en 2011 a 660,7 millones de euros, frente a 399,9 millones en 2010. Esta evolución es consecuencia de unas menores necesidades de dotaciones específicas a provisiones durante el ejercicio que han sido de 818,8 millones de euros, frente a 1.300, 2 millones en 2010, y a una menor utilización de provisión genérica, 118,1 millones en 2011 frente a 864,0 millones utilizados el año anterior, pues actualmente ya se sitúa en el mínimo normativo del 10%.

Por otra parte, se han generado beneficios extraordinarios por 194 millones de euros, de ellos 116 millones por reordenación y venta de participadas y el resto por resultados de operaciones financieras y por venta de oficinas, y se han realizado dotaciones por 237 millones de euros, básicamente para activos inmobiliarios adquiridos.

Adicionalmente, y ante la evolución del mercado inmobiliario, se ha constituido la provisión especial de 400 millones de euros citada, con lo que se han realizado en el ejercicio dotaciones por un total de 1.298 millones de euros.

Cerramos colegios??

Los impagos de la Generalitat ponen al filo del cierre a colegios valencianos

El Gobierno valenciano adeuda 50 millones a 450 centros subvencionados

Un colegio concertado de Castellón amenaza con cerrar por impagos

Al borde de la asfixia financiera

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS Castellón 11 ENE 2012 - 22:44 CET341

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El colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. / ÁNGEL SÁNCHEZ

La situación por el impago ya es “insostenible” y de seguir así se verán “obligados al cierre”. Así concluye la circular remitida ayer a los padres por la dirección del colegio laico concertado Ramiro Izquierdo de Castellón. Junio fue el último mes que cobraron lo pactado por la Generalitat, que preside Alberto Fabra, que les debe 104.000 euros en gastos de funcionamiento por el periodo comprendido entre julio y diciembre. Pero la situación es idéntica en los 450 colegios concertados de la Comunidad Valenciana. La deuda del Consell asciende a 50 millones de euros y afecta a los 225.000 niños que estudian en ellos.

El presidente Fabra dijo ayer que su “voluntad” es poder resolver el asunto en las “próximas semanas” y emplazó a estos colegios a una reunión mañana, viernes, sin comprometer plazos de pago. Los padres recuerdan que el Gobierno valenciano “ya incumplió” su promesa de abonar una parte de la deuda antes de que concluyera 2011. La deuda también afecta a los centros públicos aunque su situación no es tan crítica porque los Ayuntamientos asumen el mantenimiento. La angustiosa realidad de la tesorería valenciana y el tijeretazo anunciado de 1.057 millones para 2012, amenazan con quebrar su sistema educativo.

La carta remitida por el colegio Ramiro Izquierdo informa a los padres de la “crisis” que sufre el centro porque la Consejería de Educación les debe por los últimos seis meses de 2011 un total de 104.699 euros. Un dinero con el que afrontan el pago del personal de limpieza o administración; el suministro de luz, teléfono o material didáctico y el mobiliario o las pólizas de seguros, entre otros conceptos.

Fabra asegura que está trabajando para resolver el problema

El centro ha asumido hasta la fecha el coste con fondos propios pero se encuentra casi al límite de su capacidad para soportar los gastos de mantenimiento y “lamentablemente” en breve tendría que “cerrar” hasta que el Consell abonara la deuda y “la situación se regulara”.

La situación es más grave en este colegio de Castellón que en otros centros de similares características, porque además asumió los costes del bono-libro de sus alumnos y la Generalitat tampoco lo ha pagado. El Ramiro Izquierdo negoció directamente con las editoriales la compra de los volúmenes y descontó a los padres el dinero que preveía ingresar en octubre del Ejecutivo valenciano por este concepto y sigue sin cobrarlo como les sucede a todas las librerías de la Comunidad Valenciana, que cada año rebajan el porcentaje correspondiente en el precio de venta al público confiando en que, como ha sucedido hasta la fecha, abone la ayuda entre los meses de septiembre y octubre. El Gremio de Libreros y la Unión Gremial de la Comunidad Valenciana aseguran que el Gobierno les debe 31 millones de euros.

Responsables de colectivos y padres desconfían de las promesas de pago

La responsable de la federación de la enseñanza concertada del sindicato Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, Pepa Ramis, denunció ayer que la situación en los 450 colegios valencianos es “dramática” y algunos ya no pueden afrontar “el pago de nóminas” de sus trabajadores de mantenimiento. Añadió que determinados centros incluso han llegado a pedir a los docentes que “renuncien” a la paga de Navidad o “a parte de su salario” para “poder pagar” a estos trabajadores.

Desde la Asociación de Educación y Gestión, que agrupa en la Comunidad Valenciana a gran parte de los centros concertados, su presidenta, Vicenta Rodríguez, desveló que en muchos casos ya remitieron cartas a los padres antes de las Navidades comunicando la “gravedad” de la situación. Asevera que un gran número de colegios concertados tienen “la caja vacía” y ya no saben “de dónde sacar” para “mantenerlos abiertos”.

El presidente de la Generalitat, que acudió ayer a Vila-real (Castellón) para inaugurar un colegio público, aseguró que su Gobierno “está trabajando” para resolver el problema “en las próximas semanas”. La consejera de Educación, María José Catalá, quiso transmitir “tranquilidad” y manifestó que en la reunión prevista para mañana con los representantes de esta comunidad educativa espera ofrecer “no solo buenas palabras”. Catalá no quiso hablar de fechas para el pago de al menos parte de la deuda.

Los padres y diversos colectivos desconfían de las promesas del Gobierno. El portavoz de la Federación de Escuelas Católicas de Castellón, Manuel Ortiz, recuerda que la Generalitat ya ha “faltado a su palabra en dos ocasiones”. Lamenta que la Consejería de Educación prometiera que les pagaría una parte antes de finalizar 2011 y aún no han visto “un euro”.

Al borde de la asfixia financiera

JOAQUÍN FERRANDIS

La tesorería del Gobierno valenciano está bajo mínimos. El cierre de los mercados financieros y el elevado endeudamiento que arrastra la Generalitat han obligado al presidente Alberto Fabra a recurrir al apoyo del Gobierno para poder hacer frente a sus obligaciones.

La situación se complicó sobremanera a mediados del pasado mes de diciembre, cuando la Generalitat no pudo colocar en el mercado minorista toda la deuda que había previsto emitir. Fabra esperaba obtener hasta un total de 2.600 millones de euros con los que poder amortizar una emisión anterior de bonos patrióticos — por un importe superior a los 1.500 millones— y obtener la liquidez suficiente para presentar un plan de pago a los proveedores. A duras penas se logró obtener financiación para amortizar los bonos viejos con los nuevos.

Desde entonces, el Ejecutivo de Fabra ha ido afrontando los pagos más acuciantes mientras acumula en los cajones toda clase de facturas pendientes con distintos colectivos y proveedores. Tanto, que la semana pasada tuvo que solicitar ayuda al Gobierno para poder hacer frente a un crédito de 123 millones con el Deutsche Bank. Y solo unos días después aprobó un decreto que sube el IRPF y la gasolina 4,8 céntimos a los valencianos, a la vez que recorta el salario a funcionarios e interinos.

Con la primera transferencia estatal del año, Fabra asegura que este mes podrá pagar las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras. Sin embargo, sobre su mesa se empiezan a acumular las demandas por impago de los colectivos más diversos.

Rescate

El Gobierno avala a la Generalitat Valenciana para pagar una deuda

Economía intercede para evitar el impago de un vencimiento de 123 millones

“Teníamos un vencimiento y lo hemos solucionado. Y punto”

Lucía Abellán / Federico Simón Madrid / Valencia 4 ENE 2012 - 00:17 CET1609

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El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, saluda al vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, principal imputado en el 'caso Emarsa', Que investiga un agujero de 17 millones de euros en la empresa pública. El encuentro se produjo ayer en la sede del PP en Valencia, antes de celebrarse el comité provincial del partido. / TANIA CASTRO

El Estado ha salido por primera vez al rescate de una comunidad autónoma para evitar su asfixia financiera. En sus primeros días de Gobierno, el equipo económico de Mariano Rajoy ha tenido que ayudar a la Comunidad Valenciana, la más endeudada de España, para que pudiera hacer frente a un vencimiento de deuda que no podía atender por falta de recursos. Fuentes de la Consejería de Economía lo confirmaron ayer y aseguraron que la deuda —123 millones contraídos con el Deutsche Bank— ya estaba solventada: “Pagada está”. ¿Pero la ha avalado el Tesoro Público? “En este caso, sí”, respondieron estas fuentes.

Otras fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguran con contundencia que en ningún momento el Tesoro ha avalado a la Generalitat valenciana. La clave reside en que la solución arbitrada no supone un aval formal, pues la ley impide que el Tesoro español garantice de ese modo el pasivo autonómico. Se trata, según explican fuentes de la anterior administración de Economía y Hacienda, de un aval verbal. Es decir, el Tesoro intercede para que otra entidad financiera conceda un préstamo a corto plazo a la Generalitat valenciana que permita hacer frente a la amortización de deuda pendiente con el Deutsche Bank. El plazo para devolverla vencía el pasado 27 de diciembre y la entidad concedió un pequeño aplazamiento hasta que se encontrara una solución. Esa solución llegó y la deuda está ya liquidada, según confirmó la Generalitat.

Pero los problemas financieros de la Comunidad Valenciana distan mucho de estar solucionados con esa maniobra de Economía. Así, más allá de esa operación, Hacienda puso en marcha un adelanto de las cantidades que entrega mensualmente a todas las comunidades a cuenta de la recaudación fiscal. La primera de esas partidas —se liberan dos veces al mes como parte del sistema de financiación autonómica— debía abonarse a mediados de enero, pero se hicieron las gestiones pertinentes para que estuviera lista ayer mismo, 3 de enero. El equipo de Hacienda que gestionó esta solución excepcional incluso llegó a barajar dejar a deber la nómina a los funcionarios autonómicos a cambio de hacer frente al vencimiento de la deuda, pero finalmente se decidió abonar la paga de los empleados públicos y dejar temporalmente el vencimiento de la deuda.

La comunidad tiene problemas para pagar nóminas y gastos farmacéuticos

Las fuentes de la Generalitat consultadas, que no quisieron cuantificar el importe de ese pasivo, rechazaron que el apoyo del Tesoro supusiese la intervención de la comunidad. “Se trata de un instrumento que está a disposición, como los del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a los que otras veces hemos recurrido”, apuntaron, aunque esta versión contradice la expresada por el Ministerio de Economía. “Teníamos un vencimiento y lo hemos solucionado. Y punto”, zanjaron.

Una deuda con vencimiento a finales de diciembre, según adelantó ayer el diario digital Vozpópuli, que no figura en el boletín de información a los inversores correspondiente al segundo trimestre que publica el Instituto Valenciano de Finanzas. Un experto consultado explica que la deuda a la que no ha podido hacer frente la Generalitat en solitario puede ser un crédito a corto plazo (un par de meses) solicitado recientemente, después de publicarse el informe del Instituto Valenciano de Finanzas.

El caso es que el mercado financiero se ha ido cerrando cada vez más a una Administración atenazada por los problemas financieros y a la que cada vez le cuesta más pagar. La comunidad tiene problemas para hacer frente a los compromisos financieros, a las nóminas de los funcionarios, al gasto farmacéutico... Es probable, por tanto, que la ayuda prestada estos días no sea la última.

El consejero de Hacienda, José Manuel Vela, ya lo avisaba en una entrevista con EL PAÍS en septiembre pasado, preguntado por la deuda con los proveedores: “Sin la ayuda del Estado no podré pagar nunca”. Un apoyo que ha venido a través del ICO y que ahora ha requerido la intervención del Gobierno para conseguir un préstamo que permita satisfacer otro.

En la entrevista, el consejero describía con una naturalidad que quizá sorprenda al ciudadano no experto la manera en la que ha funcionado la Generalitat durante los años de Gobierno del PP: “Si no hubiera sido por la deuda, no habría habido inversión, no tendrías los campus de las universidades, no tendrías hospitales, no tendrías colegios, no tendrías la ciudad de las Artes y las Ciencias, no tendrías el aeropuerto de Castellón...”.

Pero los problemas de liquidez del mercado, unidos a la desconfianza sobre las cuentas autonómicas, llegaron, ya con las arcas públicas valencianas llenas de telarañas, a finales de año, con la última emisión de los bonos patrióticos emitidos por la Generalitat. De un lanzamiento previsto de 1.800 millones de euros, la Administración valenciana solo consiguió colocar 1.058 millones. Las alarmas saltaron entonces con fuerza.

miércoles, 4 de enero de 2012

Toma ricos ¡¡

Las 200 familias más ricas de España suman 135.000 millones

Amancio Ortega, propietario de Inditex.

MAGAZINE publica la lista de los 200 principales adinerados españoles

Jose F. Leal | Madrid

Las 200 personas y familias más ricas suman un patrimonio estimado de 135.000 millones de euros. De ellos, casi 24.000 millones pertenecen a Amancio Ortega, el dueño de Zara, de largo, el hombre más rico del país, hasta el punto de que su fortuna equivale a la de sus 15 inmediatos perseguidores juntos y que ha redondeado el año cerrando la operación inmobiliaria más jugosa desde 2008, la compra de la Torre Picasso, en Madrid.

La crisis no hace mella en el bolsillo de los que más tienen. Al menos no tanta como en los del resto de los españoles. En un año en el que la Bolsa española ha perdido un 13% de su valor, los potentados españoles no pierden, incluso ganan. De hecho, los 10 más ricos de la Bolsa española han incrementado su fortuna un 8% este año. Esta conclusión, unida a que en España la huella que deja el dinero es cualquier cosa menos fácil de rastrear, son las principales conclusiones del número especial 'Los 200 más ricos de España', que se publica este fin de semana por sexto año consecutivo en el MAGAZINE de EL MUNDO este sábado, un informe único en la prensa española.
[acceda a las ediciones de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010]

Lo peculiar de la estructura económica española, sembrada de empresas de carácter familiar, obliga a ordenar las fortunas españolas en dos listas de 100 integrantes cada una. En una, figuran los reyes de la Bolsa y la otra los patrimonios más tradicionales, no afectados por las oscilaciones del mercado de valores y, por tanto, más difíciles de medir. En la otra, las familias cuya fortuna no cotiza.

Amancio y 99 más

Desde hace ya una década, al frente de los 100 más ricos del parqué está el Amancio Ortega (23.823 millones). A este le siguen los dueños de Ferrovial, la familia Del Pino (que controla Ferrovial), con 4.100 millones, su ex mujer y socia en Inditex, Rosalía Mera (3.305 millones), la familia Entrecanales (accionistas de Acciona, con 2.454 millones) y los cuatro hermanos March (1.699 millones), los banqueros españoles que mejor han capeado la crisis financiera.

Todos ellos acumulan un dinero fácil de medir, en forma de acciones que cotizan, sometidas al control la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuyo valor oscila cada día.

Uno de los acontecimientos que más ha dado que hablar este año ha sido la pugna por el control de Sacyr, que ha condicionado el patrimonio de nueve titanes del parqué: Juan Abelló, Demetrio Carceller, Manuel Manrique (el nuevo primer ejecutivo), José Manuel Loureda, Luis F. del Rivero, Sanjuán Jover, José Moreno Carretero, la familia Fuertes (El Pozo) y Francisco Javier Gayo.

Otra de las aportaciones de la lista es la visibilización del capital bursátil de la burguesía vasca, pues entre los 100 ricos de la Bolsa se sitúan ilustres apellidos como Ybarra, Barandiarán, Egaña, Salegui, Delclaux, Bergareche, Iribecampos, Arregui, Urrutia, Aguinaga o Castellanos, muchos de ellos vinculados al selecto barrio de Neguri, en Getxo (Vizcaya).

Los otros 100 ricos

Ajeno a los vaivenes de la Bolsa, el valenciano Juan Roig, dueño de los supermercados Mercadona, lidera la lista de las fortunas patrias que escapan al juicio del mercado. El valor de patrimonios como el suyo y otros muchos, que permanecen desde hace décadas en manos de largas sagas familiares dueñas de industrias, hoteles, tierras, casinos y edificios de viviendas y oficinas, no se fija a no ser que se vendan o se compren, se dividan o se hereden. En esta lista, a Roig le acompañan el fundador de Mango, Isak Andic, la Duquesa de Alba y las familias dueñas de las cervezas Mahou.

Un tercio de estas fortunas discretas o familiares tienen raíces catalanas, 13 son de Madrid, 9 de Valencia y 7 de Galicia. Otra de las curiosidades de la lista son las familias enriquecidas al calor de las licencias para embotellar Coca-Cola. La 'chispa de la vida' desembarcó en España de la mano de la familia Sainz de Vicuña en los primeros los años 50, y a ella se asocian desde entonces varios de los patrimonios menos conocidos para el gran público y difíciles de rastrear: las familias Daurella, Gómez-Trénor, Mora-Figueroa Domecq, Urrutia, Comenge, Serratosa y Castellanos.

En esta lista vuelven a aparecer nombres ilustres del empresariado vasco, como el guipuzcoano Aristrain, la familia Aznar Sainz, dueña de Marqués de Riscal, o la familia Ormazabal. Pero lo más interesante es la aparición de discretos capitales asociados al mundo inmobiliario, como los primos Nicolás Cotoner y Angustias Martos, la familia Banús, los andaluces Beca, la familia madrileña Colomer, los hermanos Gómez Aparicio o la noble octogenaria Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Ambas listas tienen muchas cosas en común. En un año marcado por el paro y la crisis financiera, en la parte de arriba de la pirámide económica española muchos ricos han puesto sus capitales a buen recaudo en países como Holanda y Luxemburgo. La práctica no es nueva, pero el dinero es miedoso y huele el peligro antes que nadie. Por eso muchas familias, bien asesoradas y con mucho que guardar, han optado por blindarlo en países donde la crisis es más liviana y la presión fiscal también.

Subida de impestos

La subida del IRPF supone pagar 222 euros más de media al año

Europa Press | Madrid

Además

La subida del IRPF aprobada por el Gobierno el pasado viernes costará de media 222 euros anuales a cada contribuyente y recaerá en su mayor parte sobre las clases medias y bajas con ingresos por debajo de los 33.000 euros anuales, que representan el 85% de los trabajadores, según datos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De este modo, los asalariados que se mueven en el entorno del 'mileurismo', es decir, aquellos que ganan hasta 17.700 euros brutos anuales y que representan el 55% del total deberán pagar a Hacienda unos 23 euros más al año, mientras que quienes superen esa cantidad, pero no lleguen a 33.000 euros, deberán desembolsar unos 165 euros más.

Estos dos tramos de ingresos, unidos al de los asalariados que no alcancen los 53.400 euros, cuyo gravamen extra rondará los 490 euros, aportarán en conjunto unos 2.065 millones de euros anuales, lo que supone más de la mitad de los 4.111 millones de euros que el Ejecutivo prevé recaudar gracias a esta subida temporal del IRPF.

En el extremo opuesto, aquellos que ganan más de 300.000 euros anuales y que apenas suponen un 0,2% del total contribuirán con una mayor cuantía, unos 16.187 euros anuales, aunque el peso total de esta aportación no alcanzará siquiera los 465 millones de euros.

Ahorro

La modificación del IRPF también afectará a los ingresos provenientes del ahorro. Así, los pequeños ahorradores que ganen menos de 6.000 euros anuales a través de esta vía -más del 95% del total- tan solo tendrán que pagar 25 euros más al año, cifra muy reducida en comparación con los más de 6.650 euros que tendrán que aportar de media quienes obtengan más de 24.000 euros al año por este concepto.

El aumento de los gravámenes al ahorro tan sólo generará unos 1.246 millones de euros anuales, por lo que el 80% de la nueva subida recaerá una vez más sobre los trabajadores, incluidos los desempleados y pensionistas, y no, como hubiera sido deseable según Gestha, sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

Algunas pensiones perderán poder adquisitivo

En este sentido, el secretario general de los técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, considera positivo que en las nuevas medidas el Ejecutivo eche mano de este tipo de ingresos "más exclusivos", aunque matiza que aún es necesario eliminar ciertas normas contrarias a la progresividad, empezando por excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro.

Por otro lado, entre las consecuencias de esta modificación del IRPF, los técnicos de Hacienda destacan que la actualización de las pensiones apenas se notará en el bolsillo de los jubilados, y en algunos casos se verá incluso neutralizada por la subida de impuestos.

De este modo, y según sus cálculos, en España hay más de un millón de pensionistas (el 13,4% del total) que, al percibir prestaciones por encima de los 22.000 euros durante el pasado año, verán eclipsada su revalorización y terminarán perdiendo poder adquisitivo durante el próximo año.

Gravamen sobre las grandes empresas

Por ello, de cara a las nuevas medidas de ajuste que el Ejecutivo prevé aprobar en breve para contener el déficit, Gestha aboga por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros, elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros.

Gracias a esta medida, calcula Gestha, la recaudación se elevaría ya en más de 13.900 millones de euros anuales, cantidad muy superior a la que se obtendrá por la modificación del IRPF, además de reducirse la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Por último, Gestha recordó que la mejor forma de revitalizar la economía sin afectar a los salarios pasa por luchar contra la economía sumergida, que supone cerca de 245.000 millones anuales, el 23,3% del PIB, así como por la creación de un impuesto sobre la riqueza, una modificación de las Sicavs para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social o un impuesto a las transacciones financieras.

Ayudas ??

CRISIS | Solicita agilidad

UGT pide a la Junta ayudas de emergencia para unas 100.000 familias

El objetivo es que puedan acceder quienes ganan menos de 1,5 el Iprem
Ha enviado una carta con estas demandas a Familia y Economía

Efe | Valladolid

El sindicato UGT ha reclamado hoy a la Junta de Castilla y León ayudas de emergencia y primera necesidad para unas 100.000 familias en la Comunidad, para las que otros apoyos como la Renta de Ciudadanía no son suficientes.

El secretario regional de Política Institucional en UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado el "retroceso considerable" que acumulan estas ayudas.

Óscar Lobo, en rueda de prensa en Valladolid, ha pedido a la Junta que "no continúe mirando a otro lado" y convoque la mesa del Diálogo Social necesaria para agilizar estas ayudas.

UGT ha enviado una carta con estas demandas a la consejera de Familia, Milagros Marcos, y el consejero de Economía, Tomás Villanueva.

Por su parte, la secretaria regional de Política Social en UGT, Soledad Trigueros, ha exigido una normativa específica para regular estas ayudas como "un derecho subjetivo", que la Administración no puede negar.

Actualmente, el acceso y la cuantía para esta ayudas dependen de una normativa de 1994 que las deja en manos de cada ayuntamiento.

El objetivo es que puedan acceder a ellas todos aquellos que ganen menos de una vez y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), compatible con otras ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Chocolate

INVESTIGACIÓN | Fiscalía de Manhattan

EEUU acusa a tres banqueros suizos de conspirar para ocultar más de 900 millones de euros

Reuters | Ep | Nueva York

La Fiscalía de Manhattan ha presentado este martes cargos contra tres banqueros suizos por conspirar con ciudadanos estadounidenses para ocultar más de 1.200 millones de dólares (920 millones de euros) a la hacienda estadounidense, por lo que podrían ser condenados a cinco años de prisión.

Según el comunicado emitido por la Fiscalía de Manhattan, los banqueros Michael Berlinka, Urs Frei y Roger Keller han sido acusados de "captar negocios perdidos por UBS y otro banco suizo a raíz de que la prensa publicara que el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) estaba investigando a UBS", entre 2008 y 2009.

Al parecer, tras conocer esta noticia los tres banqueros ofrecieron a los clientes estadounidenses de UBS y el otro banco suizo trasladar sus activos a cuentas de Wegelin para evitar pagar impuestos en Estados Unidos, ya que el banco no tiene oficinas en este país.

De hecho, el comunicado subraya que estos banqueros "han seguido una tradición de secreto bancario que, a diferencia de UBS, les ha llevado a no tener oficinas fuera de Suiza, de modo que son menos vulnerables a la legislación estadounidense".

Además, la Fiscalía apunta que en esta trama participaron también altos directivos de Wegelin, que todavía no han sido imputados, ya que "decidieron sacar provecho de los clientes perdidos por UBS abriendo nuevas cuentas para esos clientes, aunque sin declararlas".

En concreto, parecer ser que Wegelin, que cuenta con unos cien clientes en Estados Unidos, accedió al sistema bancario del país a través de una rama de UBS con sede en Stamford, estado de Connecticut.

Para ocultar la identidad de los propietarios de estas cuentas, la Fiscalía señala que los banqueros recurrieron a empresas fantasma y fundaciones en Liechtenstein, Panamá y Hong Kong y utilizaron para comunicarse con sus clientes los servicios de FedEx, en vez de los de la Compañía Nacional de Correos de Estados Unidos.

Presión sobre la banca suiza

En este contexto, fuentes consultadas por Reuters han indicado que Estados Unidos investiga las operaciones de varios bancos y banqueros suizos ante la sospecha de que miles de estadounidenses están defraudando con su ayuda.

El Departamento de Justicia desarrolla pesquisas penales contra 11 bancos, tanto suizos como otros que realizan operaciones en el país helvético, entre ellos Credit Suisse, HSBC Holdings y Basler Kantonalbank.

Las autoridades suizas estarían buscando un acuerdo con las estadounidense para pagar una multa general por sus actividades bancarias con clientes estadounidenses que podría ser gestionado por el IRS.

"Esta acusación añade presión no solo sobre Wegelin, sino también sobre los otros 11 bancos, para que cooperen con Estados Unidos, algo que seguramente harán", ha considerado el abogado penalista Robert Katzberg.

1000 empleos al dia

El deterioro del mercado laboral

España pierde 1.000 empleos al día

Diciembre acaba con un nuevo máximo histórico de 4.422.539 parados - La Seguridad Social pierde casi 360.000 afiliados en la segunda mitad de 2011

MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 04/01/2012

España tenía que salir del hoyo del paro en 2011. Todos los pronósticos apuntaban a una leve -y deseada- recuperación del empleo. En cambio, el hoyo se ha hecho todavía más profundo. Cada día se ha cobrado unos 1.000 puestos de trabajo si se tiene en cuenta la afiliación a la Seguridad Social. Y los 4.422.359 parados que se registraban en las oficinas de empleo el pasado 31 de diciembre, 322.286 más que el año anterior, han vuelto a marcar un nuevo máximo histórico, el enésimo de esta interminable crisis que va ya camino de su quinto año.

La contratación indefinida apenas representa el 5,6% del total

La tasa de cobertura baja al 69,2% y pierde siete puntos en 12 meses

La sempiterna tragedia griega que vive el euro se agravó en verano. La frágil confianza en la que se asentaba la recuperación española se evaporó. La economía ahora se contrae y su peor consecuencia, el paro, crece sin cesar. En diciembre se sumaron 1.897 desempleados más que el mes anterior, según el Ministerio de Empleo. Un número, a priori, bajo que sumado a los que se han contabilizado en una nefasta segunda mitad del año ha dado al traste con todos los pronósticos emitidos.

En términos de empleo, 2011 puede dividirse claramente en dos mitades. Hasta junio las afiliaciones a la Seguridad Social crecían levemente, en 1.597; desde entonces se han desplomado, en los últimos seis meses hay 356.657 afiliados menos hasta cerrar el año con 17.229.922. El desplome en medio año ha sido de tal calibre que 2011 ha finalizado con caídas mayores, tanto en paro registrado como en afiliaciones al instituto público, que las registradas en 2010.

"Ha sido un segundo choque exterior", analiza Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, comparando los acontecimientos del verano con el evento que marcó un antes y un después en la crisis: la caída de Lehman Brothers. "España estaba haciendo bien los deberes hasta entonces, pero los problemas de Italia y Grecia han provocado un nuevo choque. La confianza y el crédito han colapsado".

Esto último, el crédito, tiene gran importancia en España dado el pequeño tamaño de sus empresas, lo que las hace especialmente dependientes de la financiación de los bancos. "La estructura de las compañías es tan pequeña que depende mucho del crédito", ahonda Florentino Felgueroso. Este profesor de Economía de la Universidad de Oviedo apunta que el empeoramiento de la situación en la segunda mitad del año ha hundido las expectativas y eso retrae a los empresarios a la hora de contratar a nuevos empleados. En apoyo de esta tesis, Felgueroso esgrime los datos de contratación, sobre todo la indefinida, que en diciembre apenas supuso un 5,6% del total, el dato más bajo desde 1997.

La nueva secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, responsabilizó al Gobierno anterior del hundimiento de los compromisos. En línea con lo que declaró la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el fin de semana, Hidalgo afirmó: "Las sucesivas reformas incompletas del marco de relaciones laborales no terminan de dinamizar, flexibilizar y aportar seguridad al mercado laboral. Prueba de ello es lo sucedido con la contratación indefinida". Las palabras de Hidalgo se apoyan en evoluciones como la caída de los compromisos fijos desde que en verano el Ejecutivo de Zapatero levantara las restricciones a la contratación temporal.

La variante española de la crisis tiene mucho que ver con la caída de la construcción. A mitad de año, cuando la recuperación asomaba la cabeza, el empleo en la industria, los servicios y la agricultura reflotaba en estos sectores. No en el ladrillo. Pero desde septiembre la caída vuelve a ser generalizada y no hay un solo sector que se escape al desplome. Y así ha sido al final del año: los servicios han contado en diciembre 240.590 parados más; la construcción, 22.861; la agricultura, 19.132 y la industria, 17.832.

Que sea el sector servicios el que más parados ha aportado a la suma final del año, explica que haya más mujeres en paro (2.212.621) que hombres (2.209.738). La gran destrucción de empleo en la construcción castigó el empleo masculino en los compases iniciales de la crisis. Pero cuando el deterioro ha llegado a los servicios, las mujeres también han salido perjudicadas por su gran presencia en este sector.

Lo más preocupante de este escenario es que cuesta ver la luz al final del túnel. Oliver espera que si se solucionan definitivamente los problemas del euro en primavera puede verse cierta recuperación. "Habremos perdido un año y algo", lamenta el catedrático de Economía.

Esta pérdida de tiempo es la que explica que la protección a los parados también haya caído durante el año pasado. Así en noviembre la tasa de cobertura quedó en el 69,2%, bastante por debajo del 76% del mismo mes del año anterior.

Con todas estas cifras sobre la mesa y con las negociaciones para una nueva reforma laboral abiertas, la patronal volvió a aprovechar las estadísticas para reclamar cambios legales. "Los datos de paro demuestran la necesidad de una reforma laboral profunda", titulaba la CEOE en su comunicado. Para la organización que preside Juan Rosell, los cambios legales son necesarios para que los empresarios se animen a firmar contratos indefinidos.

Tampoco variaron su discurso habitual los sindicatos. CC OO reclamó un cambio en la política económica del nuevo Gobierno: "Si las medidas que se adoptan son la depreciación de los salarios, solo se contribuirá a incrementar la crisis de demanda y sus efectos negativos sobre la recuperación económica". UGT, por su parte, prefirió apostar por demandar diálogo para buscar soluciones y rechazó que una reforma laboral resuelva la situación.

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Lucía Abellán / Federico Simón Madrid / Valencia 4 ENE 2012 - 00:17 CET820

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